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Ninguna institución balear cumple la ley que obliga a contratar un dos por ciento de discapacitados

martes, 22 de junio de 2010

​Asociación Balear de Personas con Discapacidad Física (Asprom)​

Ninguna administración de Balears cumple con la ley que desde 1982 establece que el dos por ciento de los empleados públicos deben ser discapacitados, aunque el Govern y el Ayuntamiento de Palma son las instituciones que más han avanzado en esta materia en los últimos años.

Así lo destacó el presidente de la Asociación Balear de Personas con Discapacidad Física (Asprom), Manuel Zafra, quien estima que en la administración autonómica el volumen de discapacitados empleados representa algo menos del uno por ciento del total de trabajadores.

En cuanto al consistorio de la capital balear, 38 de sus 2.506 trabajadores, el 1,5 por ciento del total, son personas con algún grado de discapacidad, según los datos facilitados por el propio Ayuntamiento.

No obstante, Zafra se queja de las trabas que ponen muchas instituciones para contabilizar cuántos trabajadores discapacitados tienen a su cargo y recuerda que las administraciones y empresas públicas tienen la obligación de reservar para su colectivo al menos un 5 por ciento de las plazas en las convocatorias de oposiciones.

Al margen de este deber, que en general cumplen las Conselleries, los Consells insulars y los Ayuntamientos, pero casi nunca las empresas públicas, la Ley de Integración Social de los Minusválidos obliga a los poderes públicos a contribuir a la formación de los discapacitados para alcanzar el objetivo del dos por ciento, que sigue lejos de poder cumplirse veintiocho años después de proclamarse.

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