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La UE adopta medidas para luchar contra los trabajos forzosos

miércoles, 4 de marzo de 2015

​​Implementa así el nuevo Protocolo de la OIT en este ámbito   ​


La Unión Europea ha adoptado diversas medidas que permitan prevenir de la mejor manera posible los trabajos forzosos y proteger a las víctimas. En este caso, la fuente de las propuestas no es la propia Comisión Europea, sino el nuevo Protocolo de la Convención sobre el Trabajo Forzoso de la Organización internacional del Trabajo (OIT).

Con todo ello, los Estados miembro de la UE estarían autorizados a adoptar dicho documento antes de que finalice el año 2016. Lo que sí propuso la Comisión en septiembre de 2014 fue la adopción del mismo. Ahora, este texto se encuentra sobre la mesa de la Eurocámara con vistas a su adopción definitiva, para que el Consejo pueda ofrecer formalmente su visto bueno.

En junio de 2014 la OIT adoptó el Protocolo sobre Trabajos Forzosos junto con una Recomendación. Los 185 países miembro de este organismo internacional ratificaron el documento destinado a prevenir el trabajo forzoso así como los aspectos colaterales, como, el tráfico de seres humanos. La protección de víctimas y la oferta de compensaciones también están incluidos.

La OIT calcula que aproximadamente 21 millones de personas en el mundo son víctimas de esta práctica laboral que genera unos 150 mil millones de dólares anuales de beneficios ilícitos. Los más vulnerables son los trabajadores del servicio doméstico, del sector agrícola, de la construcción, de la pesca y de la minería.

Esta ratificación supone la obligatoriedad de desarrollar políticas nacionales y planes de acción destinados a poner fin a esta práctica, con la cooperación de trabajadores y organizaciones de empresarios. Asimismo, los Estados deben informar a las personas más vulnerables y protegerles frente a las posibles prácticas de contratación fraudulentas.

Respecto a estas víctimas, la Convención también recoge la obligación de identificarlas, liberarlas, protegerlas y rehabilitarlas. Además de ofrecerles las compensaciones pertinentes, las autoridades públicas no podrán acusar a los trabajadores afectados de realizar actividades ilícitas, ya que han sido obligados a cometerlas.
 
 
      
 
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