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La OCDE considera urgente la reforma de las pensiones por discapacidad y enfermedad

jueves, 25 de noviembre de 2010

​Las enfermedades mentales se convierten en la primera causa para solicitarlas​

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) considera urgente la reforma de los sistemas de pensiones por discapacidad y enfermedad de sus países miembros, con el fin de facilitar la reinserción laboral de sus beneficiarios y reducir así el coste para las arcas públicas de esas ayudas, informa el sitio web de la institución.

En su informe "Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers", la organización prevé que la crisis económica motive un incremento del porcentaje de personas que perciben esas pensiones por encima del actual 6% de la población en edad de trabajar.

El informe subraya que las pensiones por discapacidad constituyen un 10% del gasto público en la mayoría de los países de la OCDE, lo que como media constituye un 2% del PIB.

El documento añade que la mayoría de los que empiezan a percibir pensiones por discapacidad no vuelven a trabajar.

Las enfermedades mentales se han convertido en la primera causa para solicitar pensiones por discapacidad: un tercio de los nuevos solicitantes de esas ayudas durante los últimos 15 años lo hicieron por ese motivo, elevándose ese porcentaje al 70% en el segmento de población de 20 a 34 años de edad.

La mayoría de las personas con discapacidad que no trabajan reciben alguna pensión pública, sin embargo su riesgo de vivir en la pobreza es mucho mayor: en Australia, Canadá, Irlanda, Corea y Estados Unidos un tercio de las personas con discapacidad viven en la pobreza.

Según la OCDE la mejor manera de ayudar a las personas con discapacidad o problemas crónicos de salud a salir de la pobreza es reforzar los incentivos económicos para que trabajen, y propone como principal medida reformas que permitan realizar una labor profesional remunerada y seguir percibiendo algún tipo de ayuda económica pública.

La organización también propone que las empresas compartan el coste de las bajas laborales, y que reciban ayudas para el pago de salarios cuando contraten a personas con discapacidad o problemas de salud, como ya se hace en los países nórdicos.

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