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La Administración incumple la ley sobre los discapacitados

lunes, 21 de junio de 2010

​Asociación Balear de Personas con Discapacidad Física (Asprom)​


Ninguna administración de Baleares cumple con la ley que desde 1982 establece que el 2% de los empleados públicos deben ser discapacitados, aunque el Govern y el Ayuntamiento de Palma son las instituciones que más han avanzado en esta materia en los últimos años. Así lo ha destacado en declaraciones a Efe el presidente de la Asociación Balear de Personas con Discapacidad Física (Asprom), Manuel Zafra, quien estima que en la administración autonómica el volumen de discapacitados empleados representa algo menos del 1% ciento del total de trabajadores.
 
En cuanto al Consistorio de la capital balear, 38 de sus 2.506 trabajadores, el 1,5% del total, son personas con algún grado de discapacidad, según los datos facilitados por el propio Ayuntamiento.

No obstante, Zafra se queja de las trabas que ponen muchas instituciones para contabilizar cuántos trabajadores discapacitados tienen a su cargo y recuerda que las administraciones y empresas públicas tienen la obligación de reservar para su colectivo al menos un 5% de las plazas en las convocatorias de oposiciones. Al margen de este deber, que en general cumplen conselleries, consells insulars y ayuntamientos pero casi nunca las empresas públicas, la Ley de Integración Social de los Minusválidos obliga a los poderes públicos a contribuir a la formación de los discapacitados para alcanzar el objetivo del 2%, que sigue lejos de poder cumplirse 28 años después de proclamarse.

Según los datos que ha podido recabar Efe , facilitados por la Conselleria de Interior, en los servicios generales del Govern trabajan 168 discapacitados, entre funcionarios (70), laborales (55) e interinos (43), lo cual representa el 3,1 por ciento de los 5.300 trabajadores de este área de la administración autonómica. Sin embargo, la situación es bien diferente en el Ib-Salut, uno de los departamentos del Govern con más empleados, donde ni uno solo es discapacitado, según ha informado la Conselleria de Salud. La otra conselleria que mayor empleo público concentra, la de Educación, se ha negado a facilitar sus cifras de contratación de discapacitados con la excusa de que vulneraría la Ley de Protección de Datos. El Consell de Mallorca tampoco dispone de datos concretos, pero sí apunta que está por debajo del 2% preceptivo porque en muchas oposiciones las plazas reservadas a discapacitados no se cubren. Zafra recuerda que las empresas privadas de más de cincuenta trabajadores incumplen igualmente la obligación de cubrir con discapacitados el 2% de sus plantillas

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