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Fundación ONCE y Cermi reclaman el cumplimiento de la normativa sobre los derechos de los discapacitados

jueves, 6 de marzo de 2014

​​En una Jornada sobre protección jurídica de las personas con discapacidad​

Fundación ONCE y el Cermi participaron este jueves en Madrid en una jornada sobre protección jurídica de las personas con discapacidad organizada en colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española. En ese marco, ambas entidades reclamaron el cumplimiento efectivo de la normativa sobre derechos de personas con discapacidad.

Según informa Servimedia, la jornada fue inaugurada por Sonia Gumpert, vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Óscar Moral, asesor jurídico del Cermi, y Beatriz Rabadán, del Departamento de Relaciones Sociales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE.

En su intervención, Moral aseguró que la legislación española en materia de discapacidad tiene “un enorme calado”. “Es de primer nivel, de las más completas de Europa, pero lamentablemente estamos muy lejos de cumplirla. Nos falta la cultura del cumplimiento”, aseveró.

Por ello, solicitó la colaboración de la Abogacía Española, quien mantiene un convenio con Fundación ONCE y el Cermi desde hace 10 años para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. “La abogacía tiene una labor fundamental a la hora de conocer la normativa y defenderla de manera adecuada”, añadió.

En la misma línea se manifestó Rabadán, quien se felicitó de los avances alcanzados gracias también al convenio de colaboración que mantienen las tres entidades. “Si echamos la vista atrás el reconocimiento formal a los derechos de las personas con discapacidad es un hecho”. Según dijo, la situación actual en cuanto al plano jurídico formal es “satisfactoria”, “pero no sirve de nada si no va acompañado del reconocimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad”, advirtió.

Por último, Gumpert subrayó el avance que ha supuesto la colaboración con Fundación ONCE y el Cermi y mostró su deseo de que el convenio marco que mantienen sirva para garantizar la protección jurídica de las personas con discapacidad.

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