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España deberá modificar la normativa laboral y sanitaria para adaptarse a la Convención sobre Discapacidad

miércoles, 31 de marzo de 2010

​Según un informe aprobado por el Gobierno, que propone eliminar de la normativa española términos como "incapaz"​

El Consejo de Ministros ha aprobado un informe sobre las medidas necesarias para adaptar la legislación española a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que muestra la necesidad de elaborar ajustes normativos en ámbitos como el laboral o el sanitario.


Según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, las medidas incluidas en este informe servirán, por ejemplo, "para que una persona con discapacidad pueda tomar por sí misma decisiones en procesos sanitarios como trasplantes o ensayos clínicos".


De igual forma, continuó De la Vega, estas propuestas van encaminadas a favorecer la igualdad de trato en cuestiones como el matrimonio, la familia o la paternidad, además de a aumentar al 7% el cupo de reserva de empleo público para los ciudadanos con discapacidad.


Se trata, concluyó la vicepresidenta, "de medidas que comportan un cambio en el concepto mismo de discapacidad, que ya no debemos considerar como una preocupación de bienestar social, sino como una cuestión básica de derechos humanos".


Además de las modificaciones en el campo sanitario, el documento propone que se establezca una nueva definición del concepto de persona con discapacidad que supere la contenida en la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal (Liondau) y que elimine de las normas términos como "incapaz" o "minusválido", para sustituirlos por "persona con discapacidad".


Dentro de la legislación civil, mercantil y penal, las propuestas de reforma incluidas en el texto aprobado afectan, sobre todo, a cuestiones de Derecho Civil y de Derecho Procesal, para garantizar la igualdad de los ciudadanos con discapacidad en el reconocimiento como personas ante la ley, en el acceso a la justicia y en el respeto del hogar y la familia.


El trabajo también recomienda realizar un estudio más exhaustivo en ámbitos como la educación, la accesibilidad o la propiedad horizontal, debido a la complejidad de estos temas.


El informe lo ha elaborado un grupo de trabajo interministerial creado por el Consejo de Ministros el 10 de julio de 2009. Presidido por el Ministerio de Sanidad y Política Social y con participación de representantes de todos los ministerios, el equipo ha realizado un estudio de la normativa española que debe adaptarse a la Convención de la ONU

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