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"En 2009 ya hemos creado 2.700 empleos"

lunes, 27 de julio de 2009

​En España hay cuatro millones de discapacitados, el 10% de la fuerza laboral. Demasiado talento como para desaprovecharlo, aseguran en la Fundación ONCE.​

Alberto Durán es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, creada por la Organización Nacional de Ciegos (ONCE), y presidente ejecutivo del Grupo Fundosa, que este año celebra su vigésimo aniversario. Es un entramado empresarial presente en diversos sectores que da empleo a 15.700 personas, el 70% de ellas con alguna discapacidad y la mitad mujeres, y que sigue creando puestos de trabajo a pesar de las dificultades económicas y del deterioro del mercado laboral. El portal de empleo para los interesados es www.portalento.es.

¿Cuáles son sus previsiones de contratación de personal este año?
En lo que va de 2009 ya hemos creado, entre Fundosa y la Fundación ONCE, 2.700 empleos. Pero nuestra lucha no es tanto el número como que estas contrataciones sean estables y tengan condiciones laborales y salarios dignos, por lo que esperamos cerrar el año generando más de 1.500 puestos de trabajo de una duración mayor de doce meses.

¿Cuál es su formación y cómo se favorece su cualificación?
Formamos gente no sólo para trabajar en Fundosa, sino en cualquier otra empresa con las que tenemos acuerdos de colaboración. Hacemos formación ocupacional no reglada para las principales entidades del sector bancario, y empresas como Endesa, Grupo Siro, Tragsa, etcétera. Pero la asignatura pendiente sigue siendo la formación reglada. El porcentaje de discapacitados que accede a la Universidad respecto a la media de la población es cuatro veces inferior y también llegan menos hasta Secundaria y presentan un mayor fracaso escolar. Se ha mejorado mucho, pero queda un gran camino que recorrer, para el que hace falta apoyo de todo tipo, para los desplazamientos, la accesibilidad, profesores de apoyo, medidas para evitar la insuficiencia económica, etcétera.

¿Esto tiene sus consecuencias también en el mercado laboral?
Sucede lo mismo. La tasa de actividad es la mitad que en el resto de la población: el 35% frente al 70%. Mientras que la tasa de paro es el doble o el triple, no lo podemos concretar porque otra de las reivindicaciones es disponer de series de datos temporales para conocer el impacto real de esta situación. Nosotros decimos que somos invisibles.

Entonces, ¿se cumple la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi)?
No. Los datos que se tienen dicen que no se cumple en la mayor parte de las empresas, ni tampoco en la Administración. Aunque cada vez hay más compañías que lo hacen, no son aún mayoría. Eso sí, es un camino de no retorno: las que comienzan a cumplirla, no vuelven atrás. Por ejemplo, Repsol ha hecho un gran esfuerzo para tener cuatrocientas personas discapacitadas en plantilla. En la Administración Central también se ha avanzado mucho, ahora hay que hacerlo en las comunidades autónomas y ayuntamientos. Algunos organismos ya lo están haciendo, como el Ministerio de Defensa, comunidades como Euskadi o Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. Esta Ley establece para las empresas públicas y privadas que empleen a más de cincuenta trabajadores la obligación de contratar a un número de empleados minusválidos no inferior al 2%; o de establecer una serie de medidas alternativas, como la compra de bienes o servicios a los centros especiales de empleo, aquellos que tienen por objetivo principal realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado, teniendo como finalidad asegurar un trabajo remunerado y la prestación de servicios de ajustes personales y sociales que requieran sus trabajadores minusválidos; la donación o acción de patrocinio a favor de una entidad cuyo objeto social sea la formación profesional, la inserción laboral y la creación de puestos de trabajo a favor de personas con discapacidad; o la creación de un enclave laboral, es decir, el contrato entre una empresa del mercado ordinario de trabajo y un centro especial de empleo para la realización de obras o servicios que guarden relación directa con la actividad principal de aquélla y para cuya realización un grupo de trabajadores con discapacidad se desplaza temporalmente al centro de trabajo de la empresa.

¿Qué medidas proponen?
El castigo no es el camino. Hay que hacer campañas de concienciación. También que la negociación colectiva contenga un punto obligatorio sobre el cumplimiento de la Lismi o un plan para llegar a cumplirla en unos años, por lo que es también una responsabilidad de los agentes sociales. Asimismo, desde la Administración se debe premiar en los concursos públicos a las empresas que cumplan esta Ley, así como en el acceso a subvenciones públicas, etcétera. La cuota que establece la Ley tiene un elemento pedagógico. Si no existiera, no se habría avanzado tanto.

¿Qué le diría a las empresas para que se pongan manos a la obra?
En España hay cuatro millones de personas con discapacidad, que suponen el 10% del talento del país, muchas veces muy económico, desaprovechado e infravalorado. Es demasiado talento como para dilapidarlo, tanto en las épocas de bonanza como ahora. Necesitamos, además, que ese valor llegue a las esferas altas de las organizaciones. Además, están infravaloradas como clientes, como posible mercado. Son una oportunidad que algunas empresas atacan de forma intensa, pero muchas otras no lo hacen aún. Incluyendo a sus familias, son doce millones de consumidores.

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