Comunicacion

Estar al día de la actualidad en materia de discapacidad también cuenta.

El Gobierno saca adelante, por la mínima, su plan de ajuste

jueves, 27 de mayo de 2010

​El Cermi propone "más creatividad política" en lugar de recortes sociales y plantea seis medidas concretas​

El Gobierno ha conseguido este jueves, en una ajustada votación, que el Pleno del Congreso convalidara el Real Decreto Ley de medidas extraordinarias para reducir el déficit público, gracias a la abstención de CiU, Coalición Canarias y UPN. Los 169 diputados del PSOE votaron a favor de la iniciativa, que obtuvo 168 votos en contra, los de PP (153), PNV (6), ER-IU-ICV (5), BNG (2), Na-Bai (1) y UPyD (1), que suman 168.

 

Entre las medidas aprobadas se encuentra la suspensión en 2011 la revalorización de las pensiones, excepto las mínimas y las no contributivas. Además, eliminará el carácter retroactivo de la ley de dependencia. Ambas medidas sacuden notoriamente los pilares del estado del bienestar, y afectarán a los colectivos más débiles y desfavorecidos.


El movimiento asociativo en su conjunto, a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ha criticado duramente este recorte en la cobertura global del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).


"Con esta medida", afirma el Cermi, "se castiga a una parte de los beneficiarios de la Ley de Dependencia, que han visto dilatadas durante meses y hasta años sus solicitudes de valoración y reconocimiento de derechos, y se premia la incompetencia de las Administraciones autonómicas, que han generado bolsas de atrasos, por no resolver en tiempo prudencial, tal como marcan las propias leyes".


Y es que, advierte el comité, serán las personas en situación de dependencia y sus familias las que sufrirán los efectos de la mala gestión de muchas comunidades autónomas, "que si resolvieran en plazo, no generarían atrasos a los que después no pueden hacer frente".

 

En todo caso, concluye el Cermi, se entiende que este recorte sólo se aplicará a las personas en situación de dependencia que formen parte del sistema a partir de la entrada en vigor de esta decisión, y que no tendrá efectos retroactivos para los beneficiarios que ya tienen generada la deuda, pues se atentaría contra derechos consolidados y adquiridos, lo que, asegura, "daría pie a innumerables litigios ante los Juzgados".


“MÁS CREATIVIDAD POLÍTICA”
Una vez aprobado el plan de austeridad, el Cermi propone apostar por "más creatividad política" para salir de la actual situación económica, en lugar de recortes sociales que "inciden siempre en los grupos más vulnerables o sometidos a mayor riesgo de exclusión".

 

El Cermi considera que estas situaciones deben dar lugar a procesos de creatividad política que pongan en marcha medidas innovadoras de avance que no lleven aparejado necesariamente un coste adicional. En el ámbito de la discapacidad, según el Comité, el despliegue de este tipo de medidas es posible y viable, por lo que sólo hace falta imaginación y audacia políticas para llevarlas a término.


En este caso, sugiere seis iniciativas que podrían contribuir a mejorar las condiciones de vida y ciudadanía de las personas con discapacidad y sus familias, sin coste directo para las arcas públicas.
En el ámbito de la inclusión laboral, modificar la Ley de Contratos del Sector Público para establecer que sólo puedan participar en procesos de contratación con las Administraciones públicas las empresas, que estando obligadas, acrediten previamente el cumplimiento de la reserva de empleo a favor de personas con discapacidad.

 

También propone introducir en esta ley una reserva obligatoria ?de entre el 6 y el 10%-de contratos públicos en favor de empresas sociales, como los centros especiales de empleo o las empresas de inserción.


Asimismo, pide cambiar la Ley General de Subvenciones para que cualquier empresa o entidad que desee acogerse a una subvención o ayuda pública acredite previamente el cumplimiento de la reserva de empleo a favor de personas con discapacidad, si estuviera obligada.


En la esfera del acceso a la vivienda, el Cermi plantea elevar del 2 al 6% la reserva de viviendas de iniciativa pública en favor de personas con discapacidad, abriendo la adjudicación no sólo a particulares, como hasta ahora, sino también a entidades del tercer sector de la discapacidad para que las destinen a programas de inclusión social y de vida autónoma de personas con discapacidad.


Por otro lado, sugiere modificar la Ley General de Carreteras para declarar exentos de peaje los vehículos de los que sean titulares o sirvan para transportar a personas con movilidad reducida, que posean tarjeta identificativa que les reconozca esta situación. Esta medida está vigente en la mayor parte de los países europeos, y puede materializarse negociando el Estado con las concesionarias de autopistas de peaje las condiciones de prestación del servicio (plazos de concesión, etc.).


En el ámbito de la atención a las víctimas de accidentes de circulación, el Cermi propone desarrollar reglamentariamente la Ley de Seguridad Vial, que entró en vigor este martes, para dedicar el 33% de lo que el Estado recaude por sanciones de tráfico a programas de asistencia, apoyo y promoción de la vida activa de víctimas de accidentes de circulación que a consecuencia de los mismos hayan adquirido una discapacidad.
La Ley incluye la atención a las víctimas como uno de los objetivos del fondo que generen las multas, pero debe ser la norma reglamentaria la que determine los detalles del reparto.


Estas seis medidas, que no ocasionan gasto directo, según el Cermi, "solo requieren voluntad política y prueban que a pesar de la crisis y las dificultades presupuestarias, hay espacio para la acción política transformadora".

Ver todas