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El Gobierno apuesta por mantener políticas activas de empleo para los discapacitados

lunes, 10 de mayo de 2010

​Asegura que el recorte del gasto no frenará la ley de dependencia​

El Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Antonio Alonso, y el presidente de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad, Jesús Caldera, han inaugurado hoy una jornada parlamentaria organizada por el Grupo Socialista sobre “Empleo y discapacidad”.

En su intervención, el portavoz socialista, José Antonio Alonso, ha afirmado que “constituye una prioridad política de primer orden la integración en el empleo de las personas con discapacidad y el fomento del empleo duradero y de calidad” para este colectivo.

Por su parte, Jesús Caldera ha señalado que “no podemos permitir que la crisis económica sirva de excusa para precarizar los contratos laborales de las personas con discapacidad”, para lo que ha apelado a que “las empresas y las administraciones públicas sigan removiendo las barreras que dificultan el acceso al empleo, incrementando la educación y la formación, y promoviendo una mayor contratación y una mejora en la calidad del empleo y las condiciones de trabajo”.

AUMENTA LA CONTRATACIÓN

La contratación de personas con discapacidad aumentó en el primer trimestre de este año un 19,1% más que en el mismo periodo de 2009, según informó este lunes la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, quien destacó "la enorme valía" de los ciudadanos con problemas físicos, psícquicos o sensoriales para desempeñar un puesto de trabajo, por lo que reiteró la apuesta del Gobierno por las políticas activas de empleo.

Jiménez dio este dato en la inauguración de una jornada parlamentaria sobre empleo y discapacidad celebrada este lunes en el Congreso de los Diputados y organizada por el Grupo Socialista.

 

En su intervención, la ministra señaló también que la contratación de ciudadanos con discapacidad en centros especiales de empleo fue en el primer trimestre de 2010 un 34,6% superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

 

La titular de Política Social indicó, además, que según datos del Observatorio Estatal de la Discapacidad, el 28,7% de los contratos realizados a personas con discapacidad en el primer trimestre de este año en España fueron indifinidos, es decir, unas 4.000 contrataciones. De ellas, apuntó, alrededor de mil correspondieron a conversión de temporales en indefinidos.

 

No obstante, la ministra reconoció que hay que seguir avanzando en la mejora del empleo de los ciudadanos con discapacidad y para ello continuar promoviendo políticas públicas activas de empleo, sobre todo en momentos de crisis económica como el actual. "Éste", concluyó, "debe ser nuestro reto como Gobierno".

 

EL RECORTE DEL GASTO

Asimismo, Jiménez afirmó que "en principio" el nuevo recorte del gasto público comprometido por España no frenará el desarrollo de la Ley de Dependencia. Explicó que la mayor parte de las materias que competen a su departamento, tanto Sanidad como las políticas sociales, están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que dependerá de ellas el recorte del gasto.

 

Así ocurre con la mayoría de las competencias "salvo la dependencia", que depende en un 50% de los gobiernos autonómicos y en un 50% del Ejecutivo central.

 

En este caso, Jiménez apuntó que "vamos a mirar en qué ámbitos podemos contribuir a ese objetivo de reducción del déficit", pero "sin que afecte a la prestación efectiva de los servicios y los derechos ya aprobados".

 

La ministra recordó que estos derechos son obligaciones adquiridas por ley, por lo que para "retrasar la entrada en vigor de la ley o para frenar la propia ley habría que hacer un cambio legislativo".

 

Por esta razón, concluyó que desde su ministerio "trataremos de buscar soluciones, pero en principio no contemplamos que haya que frenar la puesta en marcha de la ley, ya que eso afectaría a personas que en estos momentos son los más vulnerables".

 

Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, añadió que, en principio, las políticas sociales no se verán afectadas por este recorte de unos 15.000 millones de euros adicionales en dos años, pero agregó que "en todo caso hay que esperar a los próximos días para que Hacienda concrete ese recorte para corregir el déficit".

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