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El CERMI propone la equiparación legal de las personas con inteligencia límite a las personas con discapacidad

martes, 16 de febrero de 2010

​Estas personas no entran dentro de la consideración jurídica de persona con discapacidad, al no ser frecuente que alcancen un grado del 33% en la valoración y evaluación de la discapacidad que realizan los órganos competentes​

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha propuesto la equiparación legal de las personas con inteligencia límite a las personas con discapacidad, a efectos de su inclusión laboral y de acceso al empleo.

En concreto, el CERMI pide modificar la regulación sobre la consideración de las personas con discapacidad, con el objetivo de que las personas con inteligencia límite, con independencia del grado concreto de discapacidad que tengan reconocido, puedan disfrutar de las medidas de  acción positiva en el orden laboral y de acceso al empleo.

En este sentido, el CERMI aclara que el término de “inteligencia límite” es un término que se emplea para designar a determinadas personas que tienen ciertas limitaciones en su funcionamiento mental y en el uso de habilidades y destrezas sociales.

También señala en su propuesta que “suele considerarse como personas con capacidad intelectual límite al individuo que presenta un coeficiente intelectual inferior al estimado como medio y que, además, presenta dificultades de adecuación al entorno, que le ocasionan restricciones, que, a su vez, dificultan su plena participación en la vida comunitaria”.

Por ello, la plataforma de la discapacidad recuerda que la norma de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad establece las características o rasgos en materia de psicomotrocidad-lenguaje; de habilidades de autonomía personal y social; del proceso educativo, ocupacional, laboral y de la conducta de las personas con capacidad intelectual límite.

Así, destaca que “estas personas no entran dentro de la consideración jurídica de persona con discapacidad, al no ser frecuente un grado del 33% en la valoración y evaluación de la discapacidad que realizan los órganos competentes” y, sin embargo, según el CERMI, “se trata de personas con problemas de inclusión social y de acceso a derechos, bienes y servicios, sobre todo, en los aspectos laborales, que deben ser tenidos en cuenta”.

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