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Apta plantea enviar seis meses al paro a más de 50 discapacitados por falta de obra

miércoles, 9 de diciembre de 2009

​El comité denuncia que el centro especial de empleo, subvencionado, subcontrata en Polonia la producción de ropa para el Ejército del Aire​

La dirección del centro especial de empleo Apta, en el que trabajan 336 personas, en su mayoría discapacitados psíquicos, ha pedido autorización al Principado para regular de empleo durante seis meses a 62 trabajadores, alegando falta de producción para dar ocupación a toda la plantilla. En torno a 56 afectados son discapacitados.

El comité de empresa cuestiona la medida, dado que Apta subcontrata producción, que se puede recuperar. Como ejemplo ponen la subcontratación con una empresa de Polonia de parte del proceso de fabricación de ropa para el Ejército del Aire, un encargo que obtuvo Apta tras ganar sendos concursos del Ministerio de Defensa hace unos meses. Apta concurrió a esos concursos en unión temporal de empresas con una distribuidora de ropa madrileña.

Apta está participada por la Asociación de Padres y Tutores de Antiguos Alumnos del Sanatorio Marítimo y por la Fundación ONCE (a través de Fundosa). El centro percibe al año unos 1,8 millones de euros de subvenciones para la integración laboral de los discapacitados. Los costes de la Seguridad Social y tres cuartas partes del salario de esos trabajadores corren a cargo del erario público. De los 624 euros que cobra un discapacitado al mes, Apta sólo paga 156 euros por sus ocho horas diarias de trabajo.

El centro especial de empleo ya se encuentra inmerso en un expediente de regulación de empleo (ERE) desde el 1 de abril, cuando la dirección y los sindicatos pactaron una regulación que podía afectar a toda la plantilla entre cuatro y nueve días al mes, hasta el 31 de marzo de 2010. La justificación también fue la caída de la producción. El director general de Apta, Francisco Menéndez Solís, aseguró entonces a los representantes de los trabajadores que con esa regulación el centro lograría cerrar 2009 con beneficios. Ahora la dirección quiere ampliar ese expediente para enviar al paro seis meses a 62 trabajadores y regular nueve días al mes a otros 172.

Si el Principado da el visto bueno a la ampliación, sólo podrá aplicarse cuatro meses, hasta el 31 de marzo, cuando vence el expediente actual, que el comité se niega a prorrogar.

La crisis ha provocado un descenso en los pedidos de Apta. En 2008 bajó en un 46 por ciento el cableado de motos que efectuó el centro especial de empleo. También se redujeron los pedidos de ropa de protección industrial, en especial por el descenso de la actividad industrial que provocó el cierre temporal de uno de los hornos altos de Arcelor Mittal.

La reacción de la dirección de Apta, un centro de trabajo con un marcado componente social, ha sido la de plantear el recorte temporal del empleo. El comité considera que es otro tipo de recorte el que hace falta; el de gastos y estructura, como realizan otras empresas para capear la crisis.

La parte social también cuestiona que la dirección pretenda enviar medio año para sus casas a un buen grupo de discapacitados, mientras permanecen en sus puestos los mandos que se encargan de tutelarlos. De los 62 afectados, seis carecen de discapacidad y apenas tienen trabajadores a su cargo. Entre estas seis personas están un mando ya prejubilado, otro en edad de prejubilación, dos mujeres de baja por maternidad, otra mujer empleada a media jornada (las tres de oficinas) y un delegado sindical.

Regulación:

Acuerdo.

La dirección y el comité de Apta pactaron un expediente de regulación de empleo entre el 1 de abril de 2009 y el 31 de marzo de 2010 que puede afectar a toda la plantilla entre cuatro y nueve días al mes.

Modificación.

La dirección plantea, con la oposición del comité, ampliar el ERE para enviar seis meses a sus casas a 62 trabajadores, la gran mayoría discapacitados. Otros 172 trabajadores serían regulados nueve días al mes.

Producción.

Los responsables de Apta justifican la medida en la caída de producción. El comité estima que se pueden recuperar trabajos subcontratados, entre otros a empresas polacas.

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